Compliance penal FAQ

La responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de determinados delitos se introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico estatal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en el artículo 31bis del Código Penal (CP).

A partir del 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo, modificando el art. 31bis CP e incorporando nuevos artículos para regular de forma más precisa y concreta la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

De la actual normativa es importante destacar tres aspectos:

  • Es posible imputar penalmente a las empresas por conductas delictivas realizadas en su seno por sus representantes legales, administradores o empleados.
  • Las personas jurídicas están obligadas a ejercer un ‘debido control’ sobre la actividad empresarial y las actuaciones de su personal para evitar que se puedan llevar a cabo actividades que impliquen riesgo penal.
  • El proceso o la sanción penal se puede evitar implementado un Programa de Prevención de Delitos antes de la comisión de las conductas delictivas.
1¿Qué corporaciones son penalmente responsables?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas será aplicable a todas las empresas, sociedades y entidades con responsabilidad jurídica establecidas en el ámbito estatal.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación las siguientes:

  • El Estado
  • Las Administraciones públicas territoriales e institucionales
  • Los Organismos Reguladores
  • Las Agencias y Entidades públicas Empresariales
  • Las organizaciones internacionales de derecho público
  • Todas aquellas organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
2¿En qué casos puede responder penalmente la empresa?
La empresa responderá penalmente en dos supuestos:

  • Por delitos cometidos por representantes legales, personas autorizadas a tomar decisiones en nombre de la empresa o aquellas que ostenten facultades de organización y control, por cuenta o en nombre de la empresa, realizados, tanto en beneficio directo como indirecto.
  • Delitos cometidos por empleados, en el ejercicio de actividades sociales, por cuenta de la empresa, en beneficio directo o indirecto, siempre y cuando la empresa haya incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.
3¿Qué consecuencias tiene para la empresa la imputación y/o la condena penal?
Cuando el proceso penal finaliza con una sentencia condenatoria la empresa se ve obligada a cumplir las penas impuestas en la misma. El catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas está regulado en el art. 33.7 del CP, siendo la multa la pena principal. En función de las circunstancias y gravedad del hecho se podrán acordar además de la sanción pecuniaria las siguientes penas:

  • Disolución o clausura de locales y establecimientos propios de la corporación
  • Suspensión de sus actividades
  • Prohibición temporal o definitiva de realizar actividades en cuyo ejercicio se haya producido el delito
  • Inhabilitación para participar y/o actuar en el sector público
  • Intervención judicial


Al margen de la sanción penal, la simple imputación de la empresa, incluso en aquellos casos en los que el proceso no haya finalizado con una condena, puede dar lugar a una ‘condena social’ a la empresa. En este sentido, la credibilidad de la corporación puede verse afectada, dando lugar a una pérdida de confianza ante posibles clientes o inversores, y viéndose así perjudicada su actividad empresarial. Por otra parte, se puede producir un cuestionamiento público de la ética, profesionalidad y respetabilidad, tanto de la persona jurídica como de sus trabajadores a título individual.

Así, disponer de un Programa de Prevención de Delitos que refleje el compromiso de la empresa con el cumplimiento de las normas y permita justificar que se ha actuado con la diligencia debida sirve no solo a efectos de eximir de responsabilidad a la persona jurídica, sino también para mejorar la imagen corporativa y mantener la confianza de sus clientes.
4¿Cómo puede evitar la empresa un proceso o una condena penal?
Para que las empresas puedan estar exentas de responsabilidad penal en los supuestos anteriormente mencionados, o que en su caso se les pueda atenuar la pena impuesta, es necesario que dispongan de un Programa de Prevención de Delitos (PPD) elaborado e implementado con anterioridad a la comisión de los hechos.
5¿Qué son los Programas de Prevención de Delitos (PPD)?
Los PPD tienen como objetivo principal detectar y prevenir conductas penalmente sancionables cuando éstas son realizadas por los administradores, responsables legales o empleados en el seno de una corporación.

En los PPD consta toda la información necesaria para asegurar la detección de los posibles riesgos penales que pudieran producirse en el ámbito de la empresa, así como los pasos a seguir por la corporación en caso de detectarse indicios de delito.

Los PPD sirven a su vez de guía de referencia para los responsables legales y administradores en su labor de controlar y supervisar el trabajo de sus empleados y el correcto funcionamiento de su empresa. De este modo, en caso de imputación individual, los responsables de ejercer estas tareas de vigilancia podrán demostrar que han seguido su labor con la diligencia debida, de acuerdo a lo establecido en el PPD de su empresa.

La implementación de un PPD consta de diversas fases: identificación de los riesgos asociados a la actividad y características de la empresa; elaboración y desarrollo de los planes de acción preventivos; determinación de los canales de denuncia y sistemas de investigación; y formación de los trabajadores. Asimismo, en el PPD ha de indicarse la periodicidad y forma en la que se realizará la evaluación de su efectividad y las propuestas de mejora.
6¿Por qué es importante que una empresa disponga de un Programa de Prevención de Delitos (PPD)?
Que la empresa disponga e implemente un PPD es importante por tres motivos:

  • Es una estrategia de defensa penal: la legislación en materia penal establece como eximente de la responsabilidad penal que las empresas dispongan e implementen un PPD antes de la comisión de los hechos. Asimismo, se plantea como posible atenuante de la pena en casos en los que la persona jurídica haya sido finalmente condenada pero, antes de la celebración del juicio oral, haya adoptado de forma efectiva un PPD.
  • Refleja el compromiso ético de la empresa: disponer de un PPD supone trasmitir una ética corporativa basada en el cumplimiento, tanto a sus trabajadores como a las demás empresas y posibles clientes e inversores. Del mismo modo, permite identificar, controlar y evaluar los posibles riesgos penales de la empresa, favoreciendo la mejora del rendimiento y la calidad de la corporación.
  • Ética corporativa internacional: la implementación de los PPD en las empresas es una práctica habitual y obligatoria en muchos países de Europa y América, especialmente en Estado Unidos. La normativa europea es abundante en este ámbito, y las estrategias de negocio internacionales pueden verse reforzadas si se dispone de un PPD, por ser garantía de una ética y profesionalidad corporativa y de una actuación conforme a las normas, no solo estatales, sino comunitarias e internacionales.

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